Expertos consultados por Efe han hecho énfasis en que países de América Latina presentan atrasos con respecto a otras naciones en cuanto a la calidad y la transparencia de la información ambiental.
Entre sus consideraciones estuvo la necesidad de ratificar el Acuerdo de Escazú, que apunta a la consecución de un mayor, mejor y transparente acceso a la información ambiental, algo esencial de cara a frenar crisis como el cambio climático.
La socióloga Susana Cruickshank, en entrevista con los mismos expertos comentó que este acuerdo busca transparentar desde datos hasta la disponibilidad de recursos económicos que las naciones destinan a la ecología.
La también directora del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG) aseguró que “cuando se transparenta la información y el gasto público en temas ambientales, los Gobiernos permiten que la población construya ciudadanía y demande resultados de las inversiones de grandes proyectos”.
No obstante, recalcó que “no solo es tener el mecanismo de transparencia de datos, sino el contar con la cultura ciudadana que les dé un uso adecuado”.
En la actualidad, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) de México es muy débil a ojos de la especialista y no tiene los mecanismos necesarios “para defender de forma real los derechos de los ciudadanos al padecer problemas ambientales”.
Recordó que muchos conflictos socioambientales devienen de la falta de información sobre proyectos como la construcción de presas y minas que chocan de forma directa con comunidades indígenas o rurales.
En muchos casos, la opacidad de la información sobre estos proyectos trae consigo corrupción, aseveró.
Según datos del X Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en América Latina, realizado a fines de noviembre el Ciudad de México, se estima que en el país existen 300 conflictos socioambientales.
Estos incluyen pugnas entre comunidades y empresas con megaproyectos, dejando a su paso desplazamiento territorial y amenazas al ambiente.
Cruickshank explicó que México, con la nueva administración federal iniciada el 1 de diciembre, tiene la gran oportunidad de ratificar el Acuerdo de Escazú.
No obstante, los gestos al ambientalismo por parte del nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador son todavía escasos, algo que se ha visto reflejado en una drástica reducción del presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras dependencias de índole medioambiental.
Los últimos datos reflejan que México destina 4,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) a protección ecológica y resarcir daños ambientales.
Durante el X Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales, las organizaciones civiles de Latinoamérica concluyeron que el acceso a información confiable y oportuna es una condición necesaria para hacer valer los derechos de quienes se ven afectados por la conflictividad socioambiental.
Asimismo, consideraron que esto sirve también para reducir las asimetrías de poder que subyacen al diálogo entre cosmovisión ancestral y modelos de desarrollo capitalistas.
Al foro asistieron más de 130 asistentes de países como México, Canadá, Chile, Guatemala, Colombia, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Perú, Honduras, Bolivia, España y Reino Unido.
El vicepresidente de la organización internacional Oceana, Pedro Zapata, indicó a Efe que los problemas de opacidad en información ambiental en México denotan la existencia de diversos problemas ecológicos.
Esta situación, valoró, es muestra de una amplia reticencia oficial de reconocer que existen diversos conflictos en el sector ambiental.
“Se tiene un sistema político en México en donde los funcionarios de nivel medio antes que realizar correctamente sus labores deben hacer lo posible por ocultar los problemas a sus superiores y se encargan de solo darles buenas noticias para así conservar el trabajo”, denunció.
No debe seguir reinando este sistema de “no información”, concluyó el directivo de esta organización que lucha por la conservación de los mares.
