En una investigación de The Economist, anunció en dos publicaciones en donde se advierte que las reformas eléctricas que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, ha presentado al Congreso son “una amenaza grave” para el país.
En palabras del mismo presidente estas reformas “van a rescatar a México”, The Economist lo contradice y asegura que serán causantes de “graves daños” no solo a la economía si no también al estado de derecho.
De acuerdo con el medio especializado en asuntos internacionales y de negocios, la línea que el presidente mexicano está trazando provocará que la electricidad para el mexicano común sea más sucia y más cara, teniendo como consecuencia que los inversores extranjeros desconfíen y dejen sin apoyo a las instituciones destinadas a mantener a raya al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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Los expertos de The Economist pintan a Andrés Manuel López Obrador, como un populista de izquierda, el cual ve al estado como el pilar de la economía y a la energía como la principal industria de México; por lo tanto, sus intenciones son revertir las reformas de los últimos años y restaurar a las empresas estatales de petróleo y energía, volviendo a ser el México de 1970.
Según el Banco Mundial, en 2014 la electricidad en México costó más que en países como China y Brasil (de los países más grandes del mundo, ocupando el tercer y quinto lugar respectivamente), y con las reformas energéticas que se aplicaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tan solo dos años después, en 2016, la energía en México era la menos costosa.
Al tener energía barata se logró impulsar el crecimiento de la industria mexicana, en especial de las plantas manufactureras de propiedad extranjera. Esto logró posicionar a la economía ya que más inversionistas querían llegar al país.
Peor aún, si los costos de la energía aumentan y los suministros se vuelven inciertos, los fabricantes dicen que es posible que México ya no sea un lugar competitivo para fabricar cosas. General Motors, una empresa automotriz estadounidense, ha dicho que no invertirá más en México si las leyes no fomentan la energía limpia. Otras multinacionales son igualmente cautelosas.
Luego está el daño a la credibilidad del Estado. “Están cambiando las reglas del juego sobre la marcha”, se queja Luis Cházaro, diputado del Partido de la Revolución Democrática, que está en la oposición. La ley cancelaría los contratos de forma retroactiva, lo que podría ser tan alarmante para los inversores como los precios más altos de la energía. Los cambios propuestos probablemente también violarían varios acuerdos comerciales, incluido el de Estados Unidos y Canadá. De hecho, el proyecto de ley de electricidad señala la “retirada de México como parte del orden comercial internacional basado en reglas”, dice Ocampo.
