Por Julio Ramos García
Jueves 05 de Septiembre de 2024
El Derecho de Alumbrado Público (DAP) es un monto que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que aparece en la factura de los usuarios de energía eléctrica, lo cual le facilita la recaudación de las administraciones municipales.
Cabe destacar que este mecanismo de cobranza se deriva de convenios celebrados entre la CFE y los municipios. El cobro del DAP se aplica en 21 estados del país: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; lo que equivale que el DAP se cobre en mil 131 ayuntamientos, lo cual representa el 48 por ciento del total de municipios del país. Dado ello, los gobiernos de los estados se han interesado en impulsar el establecimiento del DAP en las Leyes de Ingresos o Códigos Fiscales locales.
En el debate sobre los servicios públicos, pocos temas resultan tan polémicos y debatidos como el Derecho de Alumbrado Público que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra a los ciudadanos. Este cargo, destinado a financiar el alumbrado de calles y espacios públicos, ha sido objeto de creciente controversia, generando cuestionamientos sobre su justificación y su impacto en el bolsillo de los usuarios.
Uno de los principales puntos de controversia es el impacto que este derecho tiene en la economía familiar y en los pequeños negocios. La carga económica, aunque aparentemente pequeña en cada factura individual, puede acumularse considerablemente cuando se suman los costos a lo largo del tiempo. Para muchos ciudadanos, especialmente aquellos en situación económica vulnerable, este cargo representa un gasto adicional que puede resultar en dificultades financieras.
Justo de lo mencionado, un aspecto crítico del Derecho de Alumbrado Público es la falta de transparencia en su aplicación y uso. Los ciudadanos a menudo desconocen cómo se distribuyen estos fondos y qué tan eficientemente se utilizan para mejorar el alumbrado en sus comunidades. La opacidad en la administración de estos recursos puede generar desconfianza y descontento entre los contribuyentes, quienes a menudo no ven mejoras significativas en sus áreas locales; sin embargo, es imperativo abordar la necesidad de una gestión más eficiente y transparente del Derecho de Alumbrado Público. Los municipios deben rendir cuentas claras sobre cómo se gastan los recursos recaudados y demostrar mejoras tangibles en el alumbrado. Además, considerar la implementación de un sistema de tarifas basado en el consumo real y en la efectividad del alumbrado podría ayudar a asegurar que el cargo sea justo y proporcionado.
Este Derecho o ¿impuesto? de Alumbrado Público es un tema que merece un análisis profundo y una revisión crítica. Si bien la intención detrás de este cargo es válida, es esencial que la administración y la aplicación de los recursos sean transparentes y eficientes. Solo a través de una gestión adecuada y una mayor claridad en el uso de los fondos podremos asegurar que este costo sea verdaderamente justificado y beneficioso para la comunidad en su conjunto. ¿Ya revisaste tu recibo de luz a detalle?
