Por: Julio de Jesús Ramos García
La reciente aprobación de la reforma energética en México marca un punto de giro en la política del país. Esta reforma busca reforzar el papel predominante de las empresas estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el sector energético nacional.
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la mayor libertad otorgada a Pemex para colaborar con empresas privadas en diversos esquemas de inversión, incluyendo proyectos de exploración y extracción sin necesidad de procesos de licitación por parte de reguladores independientes. En el ámbito eléctrico, la reforma establece que la CFE debe generar al menos el 54% de la electricidad del país, garantizando su prioridad en la distribución de energía.
El gobierno ha argumentado que la apertura al sector privado en años anteriores generó dependencia y una menor inversión en infraestructura estatal, lo que llevó al aumento en los costos de generación. Por otra parte, la actual reforma ha suscitado preocupaciones sobre la posible inconstitucionalidad en aspectos relacionados con la confidencialidad de información bancaria, comercial y fiscal de los permisionarios del sector hidrocarburos, lo que podría afectar la inversión privada.
Al respecto queridos lectores no perdamos de vista, ya que expertos señalan que la reducción de la competencia en el mercado eléctrico podría desalentar la inversión y la innovación, limitando la capacidad de México para beneficiarse de la transición energética global hacia fuentes más limpias y eficientes. La falta de infraestructura adecuada, especialmente en sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, también representa un desafío para la seguridad energética y la integración de energías renovables en la matriz energética nacional.
Lo que es un echo, aunque la reforma energética pretende fortalecer la soberanía y el control estatal sobre el sector, es crucial equilibrar estos objetivos con la necesidad de atraer inversión privada, fomentar la competencia y promover la innovación. Solo mediante un enfoque equilibrado se podrá garantizar un desarrollo económico sostenible y una transición efectiva hacia energías más limpias en México.
