¿Qué medidas cautelares solicita el gobierno estadounidense contra ChatGPT?
La Fiscalía General de Florida presentó una moción judicial ante el Décimo Circuito Judicial de Highlands County para pausar el entrenamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial de OpenAI. El fiscal general James Uthmeier requirió que cualquier avance tecnológico cuente previamente con una supervisión de seguridad independiente. Asimismo, la autoridad estatal exigió suspender la recolección de datos de menores y bloquear el acceso directo de niños y adolescentes al chatbot.
La petición legal también demanda eliminar las funciones orientadas a simular un comportamiento humano y restringir los mecanismos diseñados para prolongar la interacción del usuario. Esta acción judicial surge como ampliación a una demanda iniciada en junio de 2026, la cual derivó de una investigación penal por el tiroteo en la Universidad Estatal de Florida. Los abogados del Estado fundamentaron su postura señalando incidentes de comportamiento autónomo y citas de directivos de la propia firma.
Protección a menores y respuesta de la compañía tecnológica
¿Qué argumentos respaldan la demanda por el uso de herramientas digitales?
Por consiguiente, el escrito estatal cita estudios que señalan un alto consumo de esta plataforma por parte de preadolescentes sin la debida autorización parental. El documento sostiene que la compañía incurrió en prácticas comerciales desleales al recopilar información sensible como ubicación, voz y datos de salud de usuarios vulnerables. Adicionalmente, el Estado objeta las técnicas de retención que incitan a mantener conversaciones prolongadas de forma continua.
Por otro lado, la firma tecnológica respondió a través de su vocero Drew Pusateri, ratificando su colaboración con las autoridades judiciales. La empresa comunicó que pausó el entrenamiento de sus sistemas más potentes para verificar salvaguardas adicionales antes de sus próximos lanzamientos. De ratificarse esta medida, sentaría un precedente legal inédito al condicionar los modelos de frontera a la evaluación formal de terceros independientes.
En conclusión, el conflicto legal refleja la creciente presión institucional por regular los entornos virtuales. La resolución judicial definirá los límites operativos y la protección de datos en la industria tecnológica.
