La guerra legal contra la Inteligencia Artificial: las medidas de México, Italia y Europa para frenar el fraude digital
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El impacto de la manipulación digital en las altas esferas
La proliferación de los deepfakes generados mediante Inteligencia Artificial (IA) ha encendido las alarmas en los Gobiernos de todo el mundo. Jefes de Estado y legisladores han comenzado a impulsar un abanico de medidas para protegerse de la suplantación de identidad.
La urgencia es evidente. Recientemente, una investigación de Agora Digitale Transformation reveló que al menos 46 diputadas del Parlamento Europeo —una de cada seis— han sido víctimas de imágenes pornográficas hiperrealistas creadas con IA. Roberta Metsola, presidenta de la Eurocámara, calificó la situación de “intolerable” y exigió a los Estados miembros acciones contundentes contra las aplicaciones que permiten generar este contenido no consentido.
Italia: la voz como marca registrada
Ante esta amenaza, las estrategias varían radicalmente entre países. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha optado por una defensa de carácter individual. La mandataria solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) registrar su voz y las inflexiones de su timbre.
Para este trámite sin precedentes, Meloni utilizó una grabación de apenas cuatro segundos donde pronuncia: Io sono Giorgia Meloni. Si la solicitud prospera, la ultraderechista obtendrá herramientas legales directas para exigir la retirada inmediata de audios o videos manipulados y reclamar cuantiosas indemnizaciones.
Sin embargo, los especialistas advierten limitaciones. Elena Gil, abogada fundadora de Data Guardians, señala que el registro de marca protege frente a usos comerciales específicos, pero no ofrece un blindaje absoluto contra cualquier tipo de deepfake.
México y la polémica por la “ley anti-memes”
En contraste, el Gobierno de México apuesta por una legislación amplia. El Senado aprobó recientemente una reforma —impulsada en el contexto de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum— para penalizar severamente el uso de videos falsos en los que aparezcan funcionarios gubernamentales.
La oposición rápidamente bautizó la iniciativa como la “ley anti-memes”, acusando al oficialismo de intentar censurar la parodia política. Ante las críticas, Sheinbaum aclaró que el objetivo no es castigar la sátira, sino el uso de IA para cometer fraudes.
La reforma al Código Penal federal y a la Ley de Propiedad Industrial contempla castigos severos: hasta cinco años de prisión y multas que superan el millón de pesos mexicanos para quienes utilicen estas herramientas con fines delictivos.
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¿Legislación específica o agravantes penales?
El debate sobre cómo enfrentar este reto tecnológico divide a los juristas. Borja Adsuara, experto en derecho digital, considera innecesario crear leyes exclusivas para los deepfakes. Argumenta que normativas vigentes sobre derecho a la imagen, protección de datos y el código penal ya cubren estos delitos.
Su propuesta radica en catalogar el uso de imágenes manipuladas como un agravante en delitos ya existentes, como la estafa, sin importar si se utilizó inteligencia artificial o herramientas tradicionales de edición.
Mientras tanto, otras naciones continúan innovando en sus defensas. Dinamarca aprobó una ley que otorga a los ciudadanos derechos totales sobre su identidad digital (rostro, cuerpo y voz) para evitar que la IA los utilice como entrenamiento, permitiendo solo excepciones para la sátira. Por su parte, Brasil enfocó sus esfuerzos en el ámbito electoral, aliándose con empresas tecnológicas para bloquear la clonación de voz de sus candidatos y combatir la desinformación en las urnas.
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